Lic. Simón Baca Suárez
Le saludo con gusto estimada comunidad lectora. En esta semana vamos a dar continuidad a la reflexión sobre los alcances y compromisos que se derivan del derecho a un medio ambiente sano.
El Estado mexicano debe desarrollar el andamiaje jurídico e institucional para dar respuesta a la población cuando se presenten las denuncias, quejas o reclamaciones por las afecciones que sufra el entorno inmediato donde se encuentran. Estas medidas implican la determinación clara de las conductas prohibidas, las medidas de supervisión sobre la actividad humana al interactuar con el entorno, así como las medidas preventivas o precautorias para mitigar o minimizar la propagación de daños, además de las actividades genéricas para la investigación, sanción y reparación del daño.
Bajo este orden de ideas, es indispensable la vinculación, involucramiento y participación efectiva de la sociedad civil y las autoridades estatales, para asumir los compromisos y las responsabilidades correspondientes en la materia. Es importante abundar en este último apartado, ya que la participación de la comunidad en la planeación, ejecución y evaluación de las acciones estales permite sumar garantías de defensa y protección al medio ambiente.
La población es parte del problema y debe ser parte de la solución, por tanto, la participación colectiva permite la concientización, la toma de acciones y el compromiso de conseguir los objetivos contemplados, es decir, la población debe participar en la difusión de las acciones, la coordinación mutua y continua, la denuncia, la colaboración con las autoridades para aportar elementos de prueba y estudios de impacto de las afectaciones, entre otras muchas.
Consideramos importante el reconocimiento en la Constitución Estatal del derecho a un medio ambiente sano, el cual incorpore estas nuevas visiones académicas y jurídicas para el reconocimiento de la importancia de la vida natural, su relación con el ser humano, la participación social e institucional y algunos de los principios rectores que guiaran la elaboración de la normativa secundaria que proteja de mejor forma el hábitat de la población.
Entre los principios rectores del derecho al medio ambiente sano se resalta el principio precautorio, el cual obliga a las autoridades a tomar determinaciones en favor de la naturaleza en casos donde no exista evidencia sin lugar a dudas sobre la no afectación al entorno con motivo de la actividad humana.
También debe considerarse como un principio rector de este derecho, el interés colectivo para la preservación, conservación, defensa y reparación del daño ocurrido al medio ambiente, ya que gracias a este, la población asume su compromiso de participación activa y reactiva, la cual se robustecerá y complementará con las acciones institucionales y estatales. Se considera que el principio de interés legítimo se complementará de forma adecuada con garantías como el deber de consulta estatal antes de la toma de decisiones o implementación de acciones con impacto en el medio ambiente.
Debe considerarse con un papel especial, la participación y protección a personas activistas por el medio ambiente, ya que gracias a su colaboración la noticia del daño ambiental se conoce por la autoridades y además, gracias a su participación se da seguimiento puntual y constante a las medidas de atención y solución. En armonía con lo anterior, el principio de máxima publicidad complementa y permite la participación colectiva de forma proactiva y reactiva para la determinación, análisis y seguimiento a las acciones estatales generada con motivo de la toma de decisiones con impacto en el medio ambiente.
Para concluir esta exposición, se considera importante el reconocimiento en la Constitución Política del Estado de Michoacán del derecho al medio ambiente sano, para que los principios jurídicos que le asisten sirvan de parámetro de actuación a las autoridades con competencia y participación en la materia. Estamos conscientes que no hay tiempo que perder para atender este grave problema, que tiene efectos internacionales, regionales y locales, hasta el punto de evitar conflictos vecinales, como la primera manifestación de la gravedad del problema que todas y todos hemos generado en forma proporcional.