El Porvenir de Cuitzeo

Reforma al Poder Judicial I.

COMPARTE

Lic. Simón Baca Suárez

Con el gusto de saludarle estimada comunidad lectora. Con motivo de la presentación de la Iniciativa y realización de foros de participación para la reforma constitucional que pretende modificar la estructura e integración del Poder Judicial de la Federación, consideramos importante exponer algunas consideraciones con el ánimo de abonar en la construcción de una postura objetiva y con información adecuada y también contribuir con la difusión de este tema tan relevante entre la comunidad que nos sigue en este espacio periodístico.

Para empezar, debemos precisar que las intenciones para reformar al Poder Judicial no son recientes, de hecho muchos titulares de la Presidencia de la República han sostenido un discurso parecido, no obstante, dichos proyectos solo tuvieron el objetivo de construir una supuesta legitimación discursiva, ya que con ellos parece que se comparte, se dice o se enarbola lo que el pueblo quiere. Sin embargo, debemos precisar que dichos proyectos coinciden en una parte sustancial, ninguno conoce, observa o ataca las verdaderas circunstancias que perjudican el correcto funcionamiento del sistema de justicia, por tanto, debemos precisar que una cosa son las titularidades del sistema de justicia y otra cuestión muy distinta es el óptimo funcionamiento del sistema de justicia mexicano.

Una afirmación categórica que determina en mucho el óptimo funcionamiento de los sistemas de justicia, – tanto Federal como de las Entidades Federativas-, es que se mide debido al grado de independencia de sus integrantes. La independencia judicial se estudia en dos sentidos: una externa que consiste en la ausencia de presiones, amenazas, condicionamientos, intereses o incluso, riesgo inminente para que ello ocurra, proveniente de otro poder, órgano, autoridad o personas externas a la función jurisdiccional; es decir, la independencia externa permite que la judicatura realice su función atendiendo solo a los mandatos normativos, sin que la voluntariedad de terceras personas ajenas intervenga en la función cotidiana del Poder Judicial.

Por su parte, la independencia interna consiste en eliminar las amenazas, presiones, injerencias, subordinaciones o complacencias a intereses internos del Poder Judicial en las funciones de sus integrantes, es decir, la independencia interna permite que cada persona juzgadora realice sus funciones sin la intromisión de sus superiores, pares o mandos inferiores.

Consideramos que la Iniciativa de reforma puede dar a entender algo sobre mejorar la independencia de las personas juzgadoras desde el punto de vista de la legitimidad de origen, es decir, considera que si las personas asumen la titularidad del cargo por mandato popular directo encuentran garantías de estabilidad e independencia sobre todo al interior; no obstante, la crítica inmediata que se presentó al modelo de elección por mandato popular directo es que este mecanismo puede poner en riesgo la independencia externa de quienes lleguen a ocupar la titularidad de esos cargos.

Abundando en esta situación, consideramos que se deberán exponer buenas y mejores razones para que la elección por voto ciudadano directo mejore las condiciones actuales de la independencia judicial al interior y al exterior, por ser un tema muy delicado. En relación con lo anterior, existe la independencia subjetiva, consistente en la postura, actuación o mentalidad de la personas juzgadora respeto a lo que ella misma considera independencia, evaluando su actuación siendo y sintiéndose ajena a presiones o intereses externos al proceso que juzga.

Este último elemento abona a las razones del grupo que se opone a este proyecto de reforma, puesto que las condiciones político-partidistas en nuestro país están más cerca que años anteriores para considerarse un sistema de partido único o hegemónico, y esto puede tener una repercusión negativa a la independencia del Poder Judicial o de sus integrantes, sobre todo si éstos consideran un compromiso, deuda, simpatía, enemistad o activismo directo en las filas del partido en el poder.

Debemos considerar que el Poder Judicial actualmente tiene la atribución constitucional para invalidar leyes o actos que resulten inconstitucionales, generalmente presentados por la Presidencia de la República o del partido mayoritario en el Congreso, por tanto, está en riesgo el sistema de división de poderes y del control de actos inconstitucionales en detrimento de la población en cuanto titular de derechos y libertades oponibles al Estado.

COMPARTE

Noticias relacionadas