Lic. Simón Baca Suárez
Le saludo con gusto estimada comunidad lectora. En relación con el inicio de las campañas electorales para la renovación de diversos cargos de representación popular, consideramos adecuado reflexionar sobre los alcances del sufragio según los parámetros constitucionales.
El artículo 35 constitucional reconoce los derechos de la ciudadanía, mientras que el artículo 36 establece las obligaciones de quienes se encuentran en el padrón electoral, entonces, encontramos que la participación de la ciudadanía en los procesos de renovación de los poderes es tanto un derecho como una obligación. Esta cuestión podría representar una antinomia normativa, no obstante, podemos establecer algunas pautas para distinguir los alcances de cada uno de los conceptos y también, para encontrar armonía en la reglamentación del sufragio popular.
La calidad de ciudadanía en los países con vocación democrática es un derecho universal porque representa la posibilidad de que la población participe en los poderes públicos, recordando el postulado republicano donde el pueblo elige a sus autoridades y al mismo tiempo, del pueblo salen las personas para ocupar los cargos públicos. Entonces, la ciudadanía implica tres derechos: votar, ser votado y ejercer cargos públicos.
El derecho a votar implica la posibilidad para la persona, que al reunir determinados requisitos, pueda participar activamente manifestando una intensión para delegar a otra el ejercicio de un cargo público. Este derecho tiene larga data en nuestro sistema constitucional, puesto que sus orígenes se relacionan con los movimientos independentistas y derrocamiento del sistema monárquico.
El derecho popular a votar implicó la ruptura de un paradigma monárquico, según el cual el poder público era un privilegio exclusivo de una familia quién poseía una especie de derecho divino a Gobernar mediante un poder absoluto, el que se transmitía por vía hereditaria y finalmente, solo se era responsable del mal gobierno ante la propia deidad de la cual se había adquirido ese privilegio.
Los movimientos revolucionarios que derrocaron los sistemas monárquicos presentaron un nuevo paradigma, donde el poder soberano radica en el pueblo, mismo que se ejerce mediante los poderes públicos y para la integración y renovación de los mismos se requiere la participación del pueblo. Finalmente, el poder se debe al pueblo y se instaura para beneficio de éste. Por lo anterior, si el poder público está pensado para el beneficio del pueblo es necesario que las personas que pertenecen a él puedan participar en la integración de las autoridades, las cuales deberán responder a los mandatos, peticiones o demandas populares.
Derivado de lo anterior, si el voto popular es una forma para la legitimación de las autoridades que ejercerán el poder público, entonces, entendemos que esas autoridades quedan subordinadas y son responsables de sus actos ante la fuente de donde derivó el poder: el pueblo mismo.
Para explicar la obligación del pueblo para votar en las elecciones constitucionales, debemos tener presente los elementos previamente apuntados: el modelo republicano, donde el poder reside en el pueblo y se erige para beneficio éste, la responsabilidad de las autoridades ante el pueblo y la fuente de legitimación popular para el ejercicio del poder en los periodos constitucionales. Con lo anterior, afirmamos que bajo el modelo republicano de gobierno el pueblo no puede renunciar a su facultad y potestad para instaurar y legitimar a las autoridades.
Los procedimientos para la renovación de las autoridades son asuntos de interés público, donde todas las partes involucradas deben asumir un compromiso de participación para que tenga sentido y utilidad el propio procedimiento. En la medida que más personas participan en los ejercicio electorales se espera mayor legitimidad en el resultado. Además, las autoridades integradas mediante esos ejercicios electorales pueden asumir mayor compromiso social ante la población que participó manifestando su opinión, incluso, sin importar el sentido de ésta.
Finalmente, podemos afirmar que ejercer el voto popular es una obligación constitucional porque implica un ejercicio responsable de información y ponderación de razones para expresar el apoyo a un proyecto; así mismo, preservar siempre la libertad en el voto, (sin presiones, amenazas o condicionamientos económicos de por medio), ya que sin estos elementos la legitimidad del resultado y el régimen de responsabilidades de las autoridades pierde mucho sentido.