Lic. Simón Baca Suárez
A 209 años de distancia reconocemos los anhelos para establecer una institución fuerte, estable y permanente como es un Tribunal que imparte justicia conforme las leyes y principios de igualdad, libertad y seguridad, lo que nos ha permitido hacer posible el acceso a la resolución de conflictos por vía institucional. Los años pasan y las personas dejan de ser o estar; mientras que las instituciones permanecen y trascienden a los actos individualizados.
A consecuencia del permanente estado de persecución militar de 1815, el Primer Supremo Tribunal tuvo varias residencias y por tanto, un trabajo itinerante, por lo que se cree que gran parte de sus documentos se perdieron, no obstante, se conserva un cúmulo de escritos que dan cuenta de su desempeño, tanto en el Archivo General de la Nación y bibliotecas en el extranjero, los cuales fueron compilados y publicados en la obra de la Mtra. Teresa Martínez Peñaloza.
El Primer Supremo Tribunal de Justicia de Ario de Rosales representa el espacio para la solución de controversias por la vía pacífica e institucional frente al viejo modelo donde la solución a los conflictos la dictaba una persona con toda arbitrariedad bajo el amparo de su cargo público.
El Supremo Tribunal conoció de varias quejas y peticiones que la población presentaba con la intensión de remediar situaciones de abuso de autoridad, corrupción, trato desigual ante la ley así como la aplicación de garantías de protección de derechos.
Destacan los asuntos en que las mujeres acudieron ante el Tribunal para exponer sus circunstancias de vida y los diversos tipos de violencia que padecieron con motivo de su condición de mujeres a quienes las leyes de la época no reconocían derechos. Nos interesa enfatizar los que plasmaron reclamos para el reconocimiento de derechos por jornada laboral, pensión para alimentos, denuncia por malos tratos y hasta casos sobre igualad de trato frente a la nueva ley.
En dichos asuntos se da cuenta de la distinción injustificada de las mujeres ante la ley, sus carencias económicas y de reconocimiento de derechos. Estos casos son propicios para reflexionar la situación actual que enfrentan las mujeres día con día en relación con sus derechos, libertades y reconocimiento legal.
La queja de María Úrsula quien en representación de su hija demandó el pago de salario justo por la prestación de servicios domésticos. En este asunto se da cuenta que el pago recibido por la mujer se considera injusto al resultar inferior a la cantidad que en promedio se recibía en otros lugares. Se solicita la intervención del Tribunal para el reconocimiento del adeudo pendiente.
La queja de Guadalupe Corona en la que denunció la carencia económica que padecía y que afectaba además a sus hijos menores de edad. Solicitó la intervención del Supremo Tribunal para obligar al tutor de sus hijos al pago de pensión, ya que éste poseía y administraba los bienes que eran herencia de sus hijos. Además, hizo el planteamiento de que ella quedó fuera de la protección de la ley al no poder ser la tutora de sus hijos y administradora de los bienes, por el hecho de ser mujer.
El caso de la señora María Francisca es más cruel que el resto, puesto que se refiere a actos de violencia grave cometidos por su marido desde el inicio de su matrimonio, narró una situación de violencia creciente que le obligó a abandonar el domicilio conyugal. Por tanto, solicitó la intervención del Supremo Tribunal de Justicia para reconocer la acción de divorcio.
El caso de la señora María Catarina se relaciona con el anterior, narra actos de violencia sufridos en su persona, además de la violencia física también se narran otras formas de violencia como la psicología y económica. En ese sentido, solicita que el Supremo Tribunal de Justicia le reconozca la posibilidad de mantenerse separada del marido y, además, obligar a éste a que suministre una pensión alimenticia en favor de la esposa.
Al paso de los años las quejas y demandas de las mujeres se mantienen con muchas similitudes, ya que las formas de violencia se han mantenido y hasta evolucionado y, por tanto, no han podido ser erradicadas. Al respecto, hoy en día los Tribunales tienen la encomienda para conocer y atender los casos para impartir justicia considerando la perspectiva de género y propiciar a la mujer el acceso a una vida libre de violencia, el cual es un derecho reconocido por la Constitución.