Lic. Simón Baca Suárez
Con el gusto de saludarle estimada comunidad lectora. En seguimiento al tema que presentamos la semana pasada respecto del enfoque político del concepto Constitución a continuación presentamos otras consideraciones.
Previamente enfatizamos que la calificativa “política” para nuestra Constitución se debe a que regula los procesos para la toma de decisiones entre los grupos políticos. Las decisiones más relevantes que se toman son: la economía, la seguridad, los servicios a cargo del Estado, la formación, discusión y promulgación de la norma vinculante, también, la organización social para la conformación y convivencia político partidista, entre otras.
Una de las cláusulas constitucionales más relevantes es el establecimiento de un gobierno emanado del pueblo mediante procesos de participación abiertos, por periodo de tiempo determinado y con división de atribuciones mediante un sistema de colaboración y coordinación. Como puede darse cuenta estamos refiriendo que el poder público es muy amplio y por tanto, debe regularse su ejercicio y control.
Por lo anterior, quienes detentan el poder político de forma legítima pueden válidamente establecer criterios, formas de pensamiento, objetivos, visiones o proyectos nacionales en materia educativa, de seguridad social, economía, inversiones, seguridad pública, y muchas más, acorde con la visión política del grupo o grupos que participaron para el acceso a los cargos.
En el ejercicio del poder es normal que se propongan reformas, ya sea a las leyes secundarias o a la misma Constitución, para la implementación de planes de gobierno o visiones en la forma de actuación con motivo de la administración pública. Obviamente, cuando se aprueban reformas constitucionales será necesaria la adecuación de la normativa secundaria para volverla armónica y coincidente.
Dependiendo de la fuerza o presencia política con que cuente el grupo que detenta válidamente el poder público, será más o menos fácil la aprobación de los cambios constitucionales y legales. No se deja de mencionar que esta situación presenta criticas y diversos puntos de vista.
No podemos negar que la legitimidad política permite el ejercicio pleno de las atribuciones del poder, por tanto, es normal y hasta predecible la implementación de cambios más o menos importantes al arribo de un nuevo grupo político a la administración. Sin embargo, no debe perderse de vista que la legitimidad para la propuesta es una y la legitimidad de la medida o el proceso del cual deriva el cambio es otra. Por tanto, es deseable que en los procesos de toma de decisiones para las reformas ocurra el debate libre y en condiciones de igualdad entre las diversas fuerzas políticas.
Por otro lado, tampoco se puede negar que la agilidad con que se lleven los procesos para la toma de las decisiones depende en mucho del número de representantes con que cuente cada una de las fuerzas políticas, obviamente contar con una amplia mayoría permite que incluso el debate sea menor porque no compromete procesos de negociación. Esto último puede ser motivo de inconformidad por parte de las fuerzas políticas que se encuentren en minoría, porque no podrán frenar o contener a la otra fuerza política, pero, como se ha apuntado todas las fuerzas deberían tener acceso al debate pero no necesariamente a que su postura se vea reflejada en la decisión misma.
Por mucho tiempo se ha tenido este debate en nuestro sistema político constitucional, por un lado la necesidad de contar con fuerzas políticas con la suficiente fuerza para la imposición de decisiones importantes y por el otro, la necesidad de considerar la postura de las fuerzas políticas minoritarias para legitimar de mejor manera la decisión misma.
Parece que nuestra concepción política constantemente se ha enfrentado con la paradoja de tener un gobierno fuerte y capaz de implementar cambios novedosos, urgentes o radicales; y por otro lado, el miedo de no contar con mecanismos útiles y de contención adecuada ante la toma de decisiones impopulares por su alto riesgo, irracionalidad o posible afectación.
Finalmente, no se pierda de vista que la política es una actividad humana que es dinámica, de comunicación, debate y para participación activa de la comunidad.