El Porvenir de Cuitzeo

Legitimidad para la elección judicial.

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Lic. Simón Baca Suárez

Con el gusto de saludarle estimada comunidad lectora. En esta ocasión vamos a hacer una reflexión acerca del proceso de elección para titulares de los poderes judiciales, tanto a nivel federal como de las entidades federativas, bajo el argumento de que nuestra Constitución Política Federal precisa las reglas para el acceso al poder y por tanto, legitimar a las personas en el ejercicio de los cargos públicos.

A partir de la reforma constitucional que modificó la integración y atribuciones del Poder Judicial se cuenta con nuevas reglas de acceso al cargo y por tanto, de legitimidad de las personas titulares de órganos del Estado para la impartición de justicia, por lo tanto, el óptimo apego a los principios, reglas y etapas de elección resulta de vital importancia para garantizar la certeza y seguridad jurídica de quienes participan y de quienes van a emitir su voto.

En la fracción V, Apartado A del artículo 41 constitucional se determina la integración, naturaleza y fines del Instituto Nacional Electoral, las cuales para el caso de análisis resaltamos que está obligado a generar certeza y legalidad a los procesos electorales. En este punto es importante resaltar que la elección de titulares del poder judicial no estará a cargo del INE de forma exclusiva, no obstante, consideramos que no deja de ser un proceso electoral para que las personas accedan a cargos públicos y por lo tanto le obedecen las mismas reglas que a los demás procesos.

En relación con lo anterior, el tercer párrafo del mismo artículo 41 constitucional determina que la integración de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, por lo que consideramos que son principios que también deberá observar el proceso de elección de cargos en la judicatura.

Adicionalmente, debemos recordar que en este espacio de opinión se ya se expuso la idea que la integración de un poder judicial independiente, imparcial y profesional es un derecho de la población en general, antes que de los integrantes del mismo poder, toda vez que la población será la destinataria de los servicios de impartición de justicia. El Estado debe asegurar a la población procesos de elección del poder judicial que sean objetivos, confiables e independientes de influencias injustificadas de los otros poderes constitucionales.

Bajo este orden de ideas, debemos advertir a los titulares de los Poderes tanto Ejecutivo, Judicial y Legislativo para que ajusten sus conductas, posicionamientos y determinaciones a los principios electorales propios de todo proceso electoral. Deben respetar las reglas de la contienda libre y en condiciones de igualdad, no deben hacer descalificaciones anticipadas respecto de las candidaturas que se han presentado, deben evitar influir en el ánimo del electorado para favorecer a determinado perfil, también deben propiciar un trato igualitario para la competencia a quienes participan evitando variar constantemente las reglas.

Los entes involucrados en el proceso de selección quedan obligados a respetar los principios de certeza y legalidad del proceso. En la medida que se cumplan estos principios de forma cabal, tanto las personas que participen, las que van a emitir voto y quienes simplemente observarán, pueden tener una percepción de legitimidad del proceso y por tanto, también hacia las personas que ocuparán esos cargos.

En la medida que se desprecia el apego a la legalidad y certeza dentro del proceso electoral se puede trastocar la credibilidad de quienes integrarán el Poder Judicial, porque se corre el riesgo de desacreditar a determinadas personas titulares debido a la poca credibilidad sobre el apego a las reglas de donde emanó su encargo. Creo que a todas las personas nos perjudica que se dude de la legitimidad de quienes han de resolver asuntos que involucran nuestra libertad, propiedad, seguridad jurídica, familia o empleo.

Esperemos que los titulares de los Poderes constitucionales demuestren la madurez política necesaria para que conduzcan sus actos con las mismas consideraciones y rigor de trato como cuando se postularon en su momento. Considero que debemos prestar mucha atención para que el Poder Judicial no pierda legitimidad social; la función constitucional que realiza es sensible y digna del más alto respeto, tanto de los otros poderes como de la población en general.

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