Lic. Simón Baca Suárez
Recibida un saludo cordial estimada comunidad lectora de este medio informativo. En esta semana se analiza la presentación del último informe presidencial de esta administración, lo cual seguramente ha motivado varios comentarios con las calificaciones respectivas a dicho ejercicio. Bajo esta óptica pretendemos propiciar algunas reflexiones sobre la importancia de la obligación de rendir cuentas a la población que confiado o no el voto, tiene el derecho a saber y evaluar el desempeño de la administración de los recursos públicos.
Antes que nada, debemos comentar que la presentación de informes de gobierno debe entenderse como la obligación de las personas que asumen las funciones públicas para hacer del conocimiento general el cumplimiento de metas, objetivos y ejecución presupuestal; respecto de aquel plan de desarrollo que previamente presentó al inicio de la gestión del cargo.
El objetivo de la obligación de informar nos da la posibilidad a las personas para conocer y en la medida de lo posible evaluar la calidad y efectividad de la gestión pública de que se trate. Además, este ejercicio discursivo también debe ser calificado por el grado de veracidad que implica presentar datos, cifras o referencias al estado que guarda la nación, por lo que posiblemente también debería de incluirse aquello que nos muestre lo que ha quedado pendiente, incluso aquello en que no se ha podido avanzar.
Desde el punto de vista de la división de poderes, la presentación del informe implica atender una obligación constitucional que permite al Poder Legislativo evaluar y determinar el grado de cumplimiento de obligaciones legales de cada poder u organismo público. Entonces, esta obligación de cumplir con el informe no debe de entenderse sólo como la posibilidad de promocionar la imagen de una persona que encabezó la administración y gobierno, sino que bajo el sentido amplio del sistema democrático es obligación del poder público informar y no derecho de quien detenta el poder, publicitarse.
El contenido del informe presidencial implica que quien lo suscribe asume una postura bajo un principio de verdad que debe ser objeto de verificación, bajo el apercibimiento de asumir responsabilidad por aquellas afirmaciones que se contengan y que en la realidad cotidiana no tenga elementos para comprobarse. No puede afirmarse algo en un documento oficial que no sea cierto porque implicaría un supuesto para responsabilidad por ocultar, falsear o distorsionar información asumiendo las funciones constitucionales del cargo público.
La obligación constitucional de presentar un informe anual, no necesariamente se debe dirigir a la población de votantes del proyecto político que detenta la administración, sino que debe entenderse bajo una óptica democrática abierta que incluya a la ciudadanía en general, votante o no votante, incluso aquellas que no se encuentran en el padrón electoral; en este aspecto nos referimos a la población en el sentido extenso de la palabra, pues este elemento es el que legitima el acceso y permanencia del poder público, según nuestro artículo 39 constitucional.
En este sentido, toda obligación del Estado a través de sus titulares se corresponde con un derecho subjetivo en favor de las personas, quienes tienen el derecho de recibir, acceder y solicitar información real, objetiva y oportuna respecto del cumplimiento de las atribuciones legales de los poderes constitucionales.
La misma normativa constitucional nos establece los tiempos determinados para que los titulares de las instituciones que rinden los informes puedan hacer difusión de ellos a través de diversos medios de comunicación e información, para que, apoyándose de las diversas plataformas de difusión, los mensajes lleguen a la población en las mejores condiciones asimilables, sin perder su sentido objetivo.
Para rendir el informe no es requisito la realización de mítines, asambleas o festejos, lo importante es la elaboración del documento formal que contenga los datos claramente ordenados y verificados, respecto del gasto, la ejecución y cumplimiento de objetivos, metas y todo aquello relacionado con el ejercicio de gobierno y las atribuciones que corresponden. Esperemos que cuando se analice el informe se tenga a la vista -o al menos nociones generales- del plan nacional de desarrollo, el cual contiene gran parte de las promesas y compromisos de campaña.