Lic. Simón Baca Suárez
Con el gusto de saludarle estimada comunidad lectora. En esta semana se han hecho comentarios -muy pocos de los que deberían de ser- respecto de la percepción de la intensión del voto luego de llevado a cabo el tercer debate por la presidencia de la República.
Consideramos que los formatos de los debates no permiten la discusión objetiva y la exposición de los proyectos de gobierno que ofertan las candidaturas, sin embargo, algo de lo pronunciado ahí puede ser de utilidad para la determinación de la intensión del votante.
Bajo este orden de ideas, la pregunta que resalta es ¿cómo se debería decidir el voto? Esta pregunta es abierta porque implica una serie de elementos conjugados, valorados y relativizados a la preferencia política de cada persona. No obstante, consideramos que si podemos encontrar elementos generales y abiertos que puedan ayudar perfilar la mejor opción para asumir la titularidad el Poder Ejecutivo Federal.
El tema de discusión central debe ser la propuesta para el gasto del presupuesto anual de la Federación porque implica la principal función encomendada a los poderes ejecutivos, por lo tanto, las promesas, posturas y visiones que las candidaturas nos presentan, deben estar relacionadas con la proyección de gasto, al menos en porcentajes y elementos distintivos para el mismo.
Para ejemplificar lo anterior, no resulta objetiva la discusión respecto a que si una u otra candidatura se pronuncia por más y mejor seguridad para la Nación, ya que es una tarea permanente e irrenunciable de los poderes ejecutivos; sin embargo, lo que sí es motivo de discusión son los montos y materiales objetos de gasto por ejemplo: incremento de salarios a los elementos de seguridad, mejorar las condiciones laborales de las corporaciones, rediseño institucional para la capacitación y permanencia, adquisición de armamento, o su caso, adquisición e instalación de cámaras de seguridad en la vía pública.
Como podemos observar, el problema no es discutir si es necesario proponer mejor seguridad, sino que se requiere indicar de qué forma el ejercicio del presupuesto puede ayudar a conseguir el objetivo de disminuir el índice de delitos.
En los sistemas democráticos deben prevalecer las diversas posturas desde las cuales se puede observar, analizar y discutir sobre la administración de los recursos públicos. Por tanto, la determinación del voto por alguna de las posturas puede estar inspirado en la forma que se propone se programará y ejercerá el gasto público durante un sexenio; además, bajo este escenario también es que se debería evaluar el cumplimiento de las promesas de campaña.
Resulta inútil aceptar que las campañas electorales versen sobre canciones, freses armadas, calificativas, o peor aún, el entendimiento de que hay bandos de grupos buenos y otros que son los malos como si la política, la administración pública y el gobierno se parecieran a una película de acción o de ciencia ficción.
Cada persona posee una convicción interna respecto de lo que debería hacer la administración o el gobierno en turno y por lo tanto, genera un interés particular en apoyar una determinada visión política y partidista con la intensión o ilusión de que esa visión se materialice en inversión, subsidios o gastos del Estado.
En ese sentido, los partidos políticos son instrumentos para canalizar la organización ciudadana desde el punto de vista constitucional, por lo tanto, si un partido político gana una elección asume la atribución de instrumentar un programa de gobierno y gasto público acorde a sus postulados estatutarios y de valores democráticos. Es por esta razón que las candidaturas a la presidencia de la República están obligadas a mostrarnos su plan económico vinculado a sus principios ideológicos; pero en caso de que alguna candidatura no lo haga o no tenga elementos para hacerlo, entonces la podemos considerar como un desperdicio del voto, es decir, votar por la nada.
Recordando que en los artículos 3° y 41 constitucional se establecen las bases para el sistema democrático, definiéndole como un sistema de vida para el constante mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, por lo cual, se torna imprescindible que la opinión de los involucrados se escuche constantemente y quede manifestada en el sufragio ciudadano en apoyo o rechazo de las propuestas.