Lic. Simón Baca Suárez
Reciba un saludo cordial estimada comunidad lectora de este medio informativo. Luego reflexionar sobre los alcances de lo que podemos entender por justicia, desde una idea general que hace alusión a los principios con igualdad, libertad, seguridad y equidad, además de los fines que debe perseguir para dar a cada persona según sus condiciones, necesidades y posibilidades. También comentamos que la función de la impartición de justicia se rige por los mandatos constitucionales de la fundamentación y la motivación, por lo que, en la medida que eso se cumple el Estado legitima conservar el monopolio del servicio de justicia en el país.
En esta ocasión nos proponemos aportar nociones sobre el resultado mismo de la sentencia que reconoce o niega el derecho que se demanda. La sentencia es el documento que por excelencia suele citarse para hacer referencias sobre el acceso a la justicia en un caso concreto. En este documento se plasma la decisión de la autoridad judicial mediante el cual reconoce un derecho, se impone una obligación, se impone una pena, o en su caso, se ordena a determinadas autoridades que se haga o deje de hacer algo en favor de una persona concreta.
Las sentencias deben hacer señalamientos concretos sobre puntos que uno a uno suman la legitimación de la decisión. De esta forma, el primer aspecto que debe establecer la autoridad judicial es su competencia para conocer y resolver el conflicto en cuestión, por lo cual debe hacer indicación expresa sobre la normativa que le delega la competencia ya sea por el territorio o la materia de que se trate.
En segundo momento debe expresar la procedencia de la demanda, es decir que el escrito inicial y su trámite se apegaron a lo establecido en la normativa, por ejemplo, el tiempo que la ley establece antes de que se pierda el derecho a demandar, que la modalidad en que se promovió el asunto se según lo estable la propia ley, por ejemplo una vía ordinaria, sumaria, oral, etc.
Otro aspecto que debe quedar plasmado de forma explícita es la calidad jurídica con la que la personas contendieron en el juicio, distinguiendo la parte demandada y la demandante, vinculando a cada cual con una pretensión concreta vinculada con sus derechos de titularidad como la propiedad y el comprador, la parte patronal y la trabajadora o en su caso, la víctima y victimario. Este aspecto es muy importante porque identifica el efecto útil de la sentencia que se emita, es decir, que se mandate hacer algo en favor de la persona que sea la titular del derecho involucrado o que se libere a quien demostró inocencia en el caso.
La autoridad judicial realizará una breve referencia a hechos y actos jurídicos concretos que nos permitan entender el proceso del asunto y el cumplimiento de las etapas procesales que permiten el dictado de la sentencia definitiva. Una vez establecidas estas cuestiones que muestran la legitimidad de la autoridad, el problema jurídico, las partes contendientes y las pruebas que cada una aportó, se procede a estudiar el asunto propiamente dicho.
El estudio de fondo del asunto implica identificar claramente las posturas jurídicas concretas de las partes contendientes y las razones que sustentan sus afirmaciones, confrontándolas con la normativa nacional o internacional que regula la materia del problema. Estas afirmaciones y sustentos jurídicos deben corroborarse con el material documental, testimonial o pericial que se haya aportado a manera de prueba. Por tanto, la persona que juzga el asunto deberá dar la razón a la postura que mejor encuadra en la normatividad y que además, haya aportado pruebas, o en su caso, a la que el material probatorio validado respalde de mejor forma las afirmaciones.
Con esta brevísima referencia a la metodología utilizada por las autoridades judiciales para la resolución de los conflictos esperamos aportar elementos adicionales para una noción más objetiva respecto de aquello que denominamos sistema de justicia. El sistema de justicia en México tal como se encuentra diseñado pretende dar una respuesta adecuada para la resolución de conflictos, una forma en que podemos verificar lo adecuado de la resolución es la consideración de los requisitos que hemos mencionado en estas participaciones como lo fueron: justicia como principio que inspira la actuación de las autoridades, justicia en cuanto procedimiento, como el apego adecuado a lo establecido en la normativa sobre los requisitos, tiempos, pruebas y finalmente, justicia como resultado, verificando que la sentencia responda a los planteamientos establecidos por la partes y su correspondencia con lo que se pudo verificar en la realidad.