Dr. Rogelio Díaz Ortiz
Justicia, legalidad, inclusión, equidad, “restauración” del tejido social, corrupción e impunidad son términos que se encuentran de moda en el lenguaje cotidiano de ciudadanos, académicos, medios de comunicación y en especial entre los gobernantes y políticos.
En múltiples ocasiones he escuchado que México es un “país de leyes”, aunque muchos capítulos normativos se encuentren obsoletos y descontextualizados de la realidad.
Siendo quizá lo más grave que existiendo normatividad, para casi todo, suela no aplicarse de manera correcta, justa y equitativa.
Un ejemplo claro de ello es el poco respeto, conocimiento y aplicación del contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto original data del lejano 1917.
Desde entonces y a la fecha todos quienes han ocupado la titularidad del ejecutivo federal o han integrado la cámara de senadores y de Diputados, tanto locales como federales, “analizan” posibilidades de modificación que les permita “legitimar” acciones de gobierno.
Para nadie es un secreto que algunos han hecho de la carta magna su principal nicho de discurso y en especial escenario preferido de reforma a su contenido.
Vale la pena resaltar que el documento signado en la ciudad de Querétaro en el año de 1917 ha sufrido más de setecientas modificaciones sin que varias de ellas se entiendan, sean útiles y hagan la diferencia en el ejercicio profesional del Derecho.
Como ciudadano entiendo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el análisis cuidadoso de su interpretación y aplicación, haciendo de su fallo una sentencia inapelable.
Supongo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe estar integrada por hombres y mujeres expertos en materia del derecho, que deben contar con sólido prestigio profesional, capacidad de análisis y discernimiento, objetividad e imparcialidad, de ser posible alejado de cualquier preferencia político partidista que opaque su visión al emitir una decisión que debe ser eminentemente jurídica.
El desempeño profesional de los Magistrados debe ser el resultado de un proceso de preparación y resultados más que de un decreto, teniendo absoluta claridad en que la Constitución es un elemento indispensable para salvo guardar la democracia, la justicia y la paz social.
Cada cambio de Legislatura Local o Federal es escenario para que los Diputados intenten “poner su huella” al proponer iniciativas o reformas a las leyes, en ocasiones de mutuo propio y en otras para “cumplir” con las instrucciones de su partido político o del titular del ejecutivo estatal o federal.
De esta manera, de manera cíclica y permanente se “producen” leyes que solo se publican, la mayoría de las veces de forma insuficiente, convirtiéndose en bibliografía o referencia, pero no en plataforma de reconstrucción del tejido social, en “herramienta” empleada para la estabilidad, convivencia, cordialidad y ansiada paz.
La aplicación de las leyes debe partir del respeto a los derechos humanos de todos y todas, sin importar que piensan diferente, integren algún partido político, formen parte de alguna organización o sindicato.
Se debe hacer pesando siempre en privilegiar el bien colectivo, castigando con imparcialidad y justicia, sin titubeos ni excesos, sin que el delito se relacione con militancia alguna, ideología religiosa, preferencia sexual, grado académico u origen social.
¿Para qué crear más leyes sino aplicamos las ya existentes? ¿Es la impunidad el cáncer de la legalidad? ¿Quién por encima de la ley?
Se acaba de festejar el 106° aniversario de la creación de nuestra carta magna en ceremonia marcada por la interpretación que “algunos” han querido hacer de la permanencia en su asiento de la presidente de la Corte durante el arribo al presídium del titular del ejecutivo federal.
A otros más llamó su atención el “ajuste”, de última hora, en los lugares de quienes presidieron la protocolaria ceremonia y muy pocos mencionan la reflexión que integro el discurso de los oradores en los que se hizo un llamado a la unidad por México, al necesario respeto a la independencia de los tres poderes que integran a la república, al reconocimiento que la Constitución posee como equilibrio y garante de la democracia en nuestro país.
Son muchos los escenarios que se vislumbran en el futuro inmediato de nuestro país que requerirán de la correcta interpretación y aplicación de las leyes.
De ello dependerá seguridad, convivencia, estabilidad social y económica de todas y todos los mexicanos.
¡Hoy se reclaman respuestas y acciones!