Un cambio importante del paradigma en México se concretó en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) de 2014, que les transformó en sujetos de derechos con base en el interés superior de la niñez, tutelado en el artículo 4 de la Constitución, refrendó Constanza Tort San Román, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
Expresó que este cambio implicó una evolución en la forma de mirar a la niñez que dejó de ser considerada como un objeto de protección. Sin embargo, “el impacto negativo y sin precedentes ocasionado por la pandemia por COVID-19, incrementó las desigualdades, agudizó las carencias y condiciones adversas que enfrentan muchas de nuestras niñas, niños y adolescentes”.
Durante la Décimo Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas del Sipinna, subrayó que esta concepción implica un cambio en la forma en que debe atenderse a este sector de la población, dejar de cosificarles porque son personas que deben protegerse con enfoque de derechos humanos.
Ante las y los secretarios ejecutivos de los 32 sistemas estatales se presentó el ‘Balance de la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes a la luz del aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño’, en el que participaron la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández; la directora ejecutiva de la Fundación Juconi, A.C., Isabel M. Crowley; y el coordinador regional de Tejiendo Redes de Infancia, Juan Martín Pérez García.
Nashieli Ramírez Hernández –integrante del Consejo Consultivo del Sipinna–, apuntó que los reportes de México que se presentarán ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas serían ficticios si no se toma en cuenta que “el COVID-19 nos está marcando un antes y un después, ya que hay indicadores que teníamos avanzados y ahora vamos a tener retroceso, y necesitaremos valorar bien sobre cómo avanzar respecto a esta situación, en diagnóstico y ruta”.
Mencionó que la mayoría de las recomendaciones del comité se concentran en las medidas especiales para su protección, como son violencias contra niñas, niños y adolescentes, y atención a su discapacidad, salud básica y bienestar, entre otras.
Por su parte, Isabel M. Crowley –representante de sociedad civil ante el sistema nacional– explicó que todos los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño tienen como objetivo lograr el desarrollo integral de esta población, no solo en México, sino en todo el mundo. Se concentran en cuatro áreas: supervivencia, desarrollo, protección y participación.
Aseveró que las dos claves para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes son dos mecanismos. El primero es el sistema de protección integral que ve las políticas universales e integrales y el segundo es el sistema de protección especial que maneja las políticas de restitución de los derechos de esta población, que recae en las procuradurías de protección federal y estatales.
En su turno, el también integrante del Consejo Consultivo del Sipinna, Juan Martín Pérez García, recordó que la LGDNNA fue resultado de luchas y esfuerzos de organizaciones, personas legisladoras y servidoras públicas, para poner a niñez y adolescencia al centro con una ley de altura.
Por ello abogó para que el Sipinna y su Secretaría Ejecutiva permanezcan adjudicadas en la Secretaría de Gobernación como lo marca la ley, lo que responde al mandato de una nueva cultura de derechos humanos que pone al centro la dignidad de las personas, y al goce y ejercicio de estos derechos que también corresponden a niñas, niños y adolescentes.
La sesión continuó con el tema ‘El papel de los Sistemas de Protección Integral y las Secretarías Ejecutivas. Avance de los procesos estatales’, cuya importancia local expusieron las secretarias ejecutivas del Sipinna en Oaxaca, Rosario Villalobos Rueda; de Quintana Roo, Norma Salazar Rivera; y de Zacatecas, Lorena Lamas Arrollo.
En el cierre de la sesión se expusieron las ‘Experiencias y aprendizajes en la implementación de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes’, con retos tales como el adultocentrismo social y avances, por parte de las secretarías ejecutivas del sistema de Hidalgo, Claudia Vieyra Alamilla; del Estado de México, Olga Esquivel Hernández; y de Coahuila, Teresa Araiza Llaguno, respectivamente.
Se informó de la reforma a la Ley Orgánica Municipal para el estado de Hidalgo que incluye la creación de las secretarías ejecutivas municipales con organigramas claros y presupuesto para su operación; del funcionamiento de la comisión de secretarías ejecutivas estatales para la coordinación de la política en la materia en el Estado de México y del mecanismo para el registro oportuno de niñas, niños y adolescentes, garantizando el reconocimiento y la personalidad jurídica.