Morelia, Michoacán, 19 de agosto del 2022.- Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental de jurisdicción estatal, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) llevó a cabo diversas actuaciones en los municipios de Morelia, Chucándiro, Tacámbaro, Jiquilpan y Morelos; en algunos casos, primera visita de inspección o en seguimiento a procedimientos ya iniciados previamente por esta dependencia que encabeza Arturo Chávez Carmona.
En Morelia se llevó a cabo la clausura de un sitio no controlado de residuos de manejo especial ubicado en la avenida Amalia Solórzano, el cual no contaba con las autorizaciones ambientales para la disposición de escombros y lodos.
Por otra parte, la Proam notificó a los ayuntamientos de Morelos y Chucándiro los inicios de procedimiento administrativo por el manejo inadecuado de sus tiraderos a cielo abierto, al no contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental y de gestión integral de residuos.
En Tacámbaro se realizó una primera visita de inspección derivada de la autodenuncia del propietario de un banco de materiales pétreos que busca la regularización de su actividad; además, se visitó el rastro municipal en seguimiento a un procedimiento administrativo iniciado por esta procuraduría para verificar su operación.
Para el Gobierno de Michoacán es de suma importancia que toda industria opere en apego a la normatividad para así garantizar el desarrollo sostenible, por ello, en Jiquilpan se visitaron dos industrias de competencia estatal, una dedicada a la elaboración de productos lácteos a la cual se verificó el avance en cumplimiento de las medidas correctivas establecidas en su Estudio de Daño Ambiental, consistente en una reforestación de 400 ejemplares arbóreos.
Además, se verificó el cumplimiento de las condicionantes señaladas en la resolución de la Licencia Ambiental Única de una empresa nacional con sucursales en este municipio.
La Proam refrenda su compromiso por mantenerse vigilante de todos los procedimientos administrativos iniciados a fin de garantizar la regulación de toda actividad que implique algún impacto ambiental.