En la sesión semipresencial, la Cámara de Diputados aprobó por consenso, en lo general y en lo particular, reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el fin de actualizar el marco vigente conforme a los criterios del derecho internacional de los derechos humanos en la materia.
En lo general se aprobó por 455 votos; en lo particular por 453 votos se avaló el artículo 157 con la modificación planteada por el diputado Daniel Gutiérrez, aceptada por la asamblea.
El diputado Gutiérrez Gutiérrez (Morena) propuso que en el citado artículo se establezca que “el Gobierno Federal deberá promover la participación corresponsable, abierta, inclusiva de la sociedad y con perspectiva de género, en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales”.
El dictamen, que se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, puntualiza que las autoridades en el ámbito de sus competencias garantizarán la participación social de las comunidades indígenas y afromexicanas, de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, así como de quienes pudieran resultar directamente o indirectamente afectados, para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación social.
Señala que las autoridades garantizarán el acceso a la información ambiental, estableciendo procedimientos de atención y asistencia desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de la información, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, comunidades indígenas y afromexicanas.
Agrega que las autoridades no entregarán la información que se solicite cuando se encuentre clasificada como reservada o confidencial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El derecho humano a un medio ambiente sano requiere de una nueva conceptualización
Al fundamentar el dictamen, el diputado José Ricardo Delsol Estrada (Morena) afirmó que el derecho humano a un medio ambiente sano requiere de una nueva conceptualización a la luz de la democracia, que le permita vincular los instrumentos del derecho ambiental con las figuras de la participación ciudadana y acceso a la información para aspirar a la sustentabilidad y protección de los derechos de las personas.
Puntualizó que el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones son indispensables para consolidar la democracia participativa y otorgar gobernabilidad, ya que brindan legitimidad a las decisiones que toman las autoridades.
Es importante destacar, añadió, que el dictamen está alineado a los objetivos plasmados en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información y la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado y firmado por México.
“De aprobarse esta reforma se estará dotando a la legislación ambiental de una fórmula eficaz que promueva y garantice de forma oportuna el derecho de las personas a un ambiente sano, el acceso a la información y a la participación pública”.
La reforma es una reivindicación histórica
Al fijar su postura, el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena), subrayó que el objetivo es asegurar un país con bienestar, un desarrollo anclado a la justicia social y ambiental, así como a la profundización de la vida democrática.
“Buscamos que entre todas y todos nos aseguremos que nunca más se ponga en riesgo a la población en las comunidades indígenas y en los pueblos, donde todas y todos nos comprometamos a proteger los ecosistemas”.
Afirmó que la reforma es un signo de los nuevos tiempos, una reivindicación histórica, un desarrollo centrado en derechos y en la dignidad humana. La política ambiental debe tomar en cuenta las circunstancias culturales, ambientales, sociales y demográficas, garantías que siempre debieron existir.