El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que el verdadero debate a la iniciativa de reformas de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) debe ser fortalecer a esta institución al poner en el centro a las víctimas de este país.
“La autonomía de la fiscalía debe ser entendida como una fortaleza del Estado, no como un divorcio entre la fiscalía y las fiscalías de los estados con las instancias de gobierno”, sostuvo durante su participación en la sesión de Parlamento Abierto, organizada por el Senado de la República.
El subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez señaló que se tiene que dejar atrás la figura anacrónica de lo que fue una Procuraduría General de la República rígida y vertical, que estaba por encima de los demás órdenes de gobierno. Afirmó que para entender la crisis que se vive en estos momentos en materia de impunidad y violación a los derechos humanos se requiere de nuevas formas de actuación del Estado mexicano.
“Queremos una fiscalía fuerte, que cumpla con su responsabilidad y acabe con la impunidad, donde 98 por ciento de los delitos no se castigan. Queremos efectividad para poner en el centro a las víctimas y a las instituciones de derechos humanos y trabajar de manera conjunta”, afirmó.
El subsecretario de Derechos Humanos población y Migración enfatizó que la única línea es la prioridad del Gobierno de México en la búsqueda de las personas desaparecidas, por lo que no se quiere a una Fiscalía General de la República como convidado de piedra, sino una institución que trabaje de manera conjunta.
“Para ello, no vamos a escatimar recursos y, por su puesto, haremos todos los esfuerzos institucionales para atender esta profunda herida y esa gran deuda con las familias y con la sociedad mexicana”, puntualizó.
Asimismo, celebró el espacio de discusión en el que se incluyeron a los colectivos de víctimas, pero alertó que esperaba no fuera sólo una simulación para justificar que dicha inclusión sirva para seguir con el dictamen a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República sin hacer modificaciones. “Sinceramente espero que este proceso que se está llevando a cabo en el Senado de la República escuche a las víctimas, a los familiares y a la experiencia que se ha venido construyendo”.
Alejandro Encinas Rodriguez aclaró que no se quiere subordinar a la FGR a participar en mecanismos de protección a los derechos humanos, sino de sumar esfuerzos para enfrentar la crisis humanitaria del país.
En su participación, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, reiteró que la dependencia que encabeza rechaza la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y manifestó su preocupación por haber excluido de esta convocatoria y discusión a familiares de personas desaparecidas y organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos que han dado acompañamiento a las víctimas en el país.
Al igual que familiares de personas desaparecidas y titulares de las comisiones locales de búsqueda, consideró que el encuentro no puede considerarse como un Parlamento Abierto. Manifestó que hay un deber reforzado por parte del Estado mexicano para garantizar el derecho de participación de las familias.
Consideró que la discusión se tendría que centrar en qué sistema de justicia se necesita en el país, no sólo en materia de desaparición. “Deberíamos estar discutiendo, como Estado mexicano, cómo garantizamos el derecho de toda persona ser buscada, cómo damos con la suerte y paradero con las más de 83 mil personas. Cómo damos acceso a la justicia a todas esas personas. Las fiscalías también buscan, no sólo investigan; salirse del Sistema Nacional de Búsqueda no es la opción”.
La comisionada Karla Osuna Quintana dijo que es necesario discutir cómo responder a la crisis forense que vive el país, cómo coordinarse dentro del SNB, y con el Mecanismo de Apoyo Exterior y cómo implementar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
Igualmente, enfatizó que la salida de la FGR de los trabajos del SNB tendría implicaciones en la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda, uno de los documentos rectores de la búsqueda de personas desaparecidas. “Tendríamos que estar discutiendo reformas constitucionales y legales para garantizar el derecho a la verdad y la justicia en este país”, agregó.