La diputada promovió una iniciativa para reformar Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado, de manera que tales medidas queden establecidas como una de las prioridades del Poder Ejecutivo
En Michoacán por mandato legal deben incentivarse aquellos proyectos del sector público y privado que tiendan a mejorar los índices de productividad laboral y la creación y fortalecimiento del aparato productivo, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
Por ello la diputada por el Distrito de Puruándiro, ha promovido una iniciativa para reformar Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado, de manera que tales medidas queden establecidas como una de las prioridades del Poder Ejecutivo.
“La pandemia derivada del virus del Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania evidenció los conflictos existentes en las cadenas de suministro internacional provocando escasez generalizada a nivel mundial”.
En ese sentido la integrante de la Representación Parlamentaria recalcó que mejora económica y social derivado de esa concatenación de la producción no ha sido uniforme en todos los segmentos y para todos los países, en gran medida el factor decisivo es el valor agregado.
“Por el lado de la demanda, la reducción de los ingresos de los consumidores y la incertidumbre han llevado a una contracción y modificación de los patrones de consumo.
Ello ha producido una caída en la demanda final y una disminución de las ventas de productos finales, lo que a su vez ha provocado una disminución de la actividad en los otros eslabones de la cadena”.
La también integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, recalcó que los enormes problemas para suministrar insumos nacionales e importados a las empresas que han seguido operando son muy difíciles de superar en un mercado que no estaba preparado para esta situación.
Es así que Julieta Gallardo prevé con la reforma propuesta, que el Ejecutivo del Estado analice y decrete en forma prioritaria, respecto de los apoyos a fondo perdido o créditos a tasa preferencial, solicitados para proyectos productivos que tiendan a fortalecer los agrupamientos productivos, mejorar el diseño de organización, los procesos productivos y las capacidades humanas, especialmente para las ramas específicas tradicionales de autoempleo, con enfoque al otorgamiento de subsidios para los pequeños productores.