Dr. Rogelio Díaz Ortiz
En todas las encuestas que se levantan en nuestro país, uno de los mayores “reclamos” e incomodidades que denuncia la sociedad de los cuatro puntos cardinales es el incremento en los niveles de corrupción.
De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que presentó Transparencia Internacional, arroja que México ocupa la posición 123 de 176 países, es decir nos encontramos en una deshonrosa posición, lo que se repite ocupando los últimos lugares en organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Diferentes organismos internacionales, así como organizaciones de la sociedad civil, se han pronunciado para presionar a las autoridades para emprender efectivos cambios que modifiquen esta vergonzosa situación.
Se han creado organismos autónomos que vigilen y sancionen ejemplarmente todo acto de corrupción, pero hasta ahora no han sido eficientes ni eficaces.
El discurso emblemático del actual titular del Ejecutivo fue siempre que combatiría y acabaría con la corrupción, pero hasta este momento solo ha sido discurso ya que las cifras de corrupción no solo no han bajado, sino que se mantienen en alza.
Resulta fundamental partir de un ejercicio permanente y auténtico de transparencia y rendición de cuentas, destacando que desde hace años en nuestro país existe un marco legal que obliga a las dependencias a publicar y transparentar la información del gobierno, fortalecer el acceso a la información pública y proteger los datos personales.
Bastaría con encuestar a la población en general, para saber si hacen uso de su derecho a la información, de su satisfacción en la respuesta que reciben, así como de la confianza que tienen en ella.
Con tristeza e incomodidad encontraríamos, al menos, dos resultados, el desconocimiento o desinterés de la población por hacer valer su derecho y dos el que un importante sector de quienes utilizan estas herramientas lo hacen con fines ajenos a la transparencia, usando la plataforma como buzón de quejas, chismes e insultos.
Sin duda, el reto es mayúsculo ya que el tema no es solo crear instituciones, ya que su sola existencia no resuelve por acto de magia la problemática.
Se debe dotar, consolidar y respetar al Sistema Nacional Anticorrupción para que con autonomía y solidez se fortalezca la labor de los institutos encargados de velar por la transparencia, en pocas palabras que se complementen sin duplicar funciones.
El combate a la corrupción no puede seguir siendo solo discurso, aspiración o moda pasajera, presente como letra muerta en discursos oficiales y olvidada en las acciones.
Han concluido las campañas políticas, se ha elegido a nuevos gobernantes, alcaldes, regidores, legisladores locales y federales por lo que es momento propicio para que se honren promesas y se cumpla con el ataque frontal a la corrupción sin importar siglas, colores ni filiación partidista.
El combate a la corrupción siempre deberá ser en dos vías, instituciones sólidas y ejemplar comportamiento de la ciudadanía, ambos son de vital importancia, en tanto uno de los dos no asuma su responsabilidad, cualquier esfuerzo será en vano.
Mientras exista impunidad no pidamos al ciudadano que crea en las instituciones, la confianza se construye día con día con hechos y acciones.
Como ciudadanos no podemos cruzar los brazos y esperar que las cosas se resuelvan de milagro, por decreto o cambio de gobierno.
Para ello la ciudadanía debe ser responsable y congruente con lo que exige evitando participar en el circulo perverso de la corrupción, no se puede exigir lo que no se está dispuesto a realizar.
Una vez más, perdón por la reiteración, seguirán pensando y diciendo que en este espacio se sueña con imposibles, pero mantengo la confianza y la fe en los mexicanos.
Coincido con quienes afirman que… “cuando escoges tu comportamiento, escoges las consecuencias”