Ciudad de México, 11 de octubre de 2023.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cumplió con la entrega de ocho carpetas de resoluciones presidenciales con aproximadamente 70 años de antigüedad, con lo que se garantizó certeza jurídica a 392 ejidatarios de diversos municipios, quienes recibieron un total de 15 mil 927 hectáreas.
La subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, Edna Vega Rangel informó que se entregaron tierras en los siguientes núcleos agrarios: Los Laureles, en San Miguel Totolapan, Guerrero; El Real en Catemaco, Veracruz; San Francisco Altepexi en Altepexi, Puebla; Providencia y Tepeyac, en Cajeme, Sonora; Tepeyac, Providencia y Chiquihuitlán, en Autlán de Navarro, Jalisco y Xochicoatlán en Xochicoatlán, Hidalgo.
“Estos documentos que dan certeza jurídica y contribuyen a la justicia agraria, son el resultado del trabajo unido entre los ejidatarios y el gobierno federal a través de la Sedatu, quienes juntos, recorrieron grandes distancias para poder realizar los trabajos de medición e identificación en territorio”, destacó la funcionaria federal.
Estas resoluciones son parte de las acciones implementadas por la Sedatu para contribuir al cumplimiento de la política agraria, garantizar la certeza jurídica de los ejidos y atender la ejecución de las resoluciones presidenciales históricamente desatendidas.
La entrega a los beneficiarios se hizo en la sala David Cervantes Peredo, donde la directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Dulce María Rodríguez Cervantes comentó que “Las carpetas básicas equivalen a las escrituras del terreno, y las mismas se integran la resolución presidencial, el plano definitivo con las medidas y colindancias, así como el acta de ejecución, documentos que en su conjunto son fundamentales para la existencia del ejido”.
Cabe señalar que para dar cumplimiento a las resoluciones presidenciales fue necesario elaborar los trabajos de medición y deslinde en territorio para luego elaborar los planos e inscribirlos en el Registro Agrario Nacional (RAN), y en algunos casos, la entrega de carpetas fue resultado de resoluciones de tribunales agrarios. Estas acciones demuestran que el Gobierno de México atiende la problemática del rezago agrario y otorga seguridad jurídica a la propiedad social.
