Palacio Legislativo, 17-12-2020.- La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), busca adicionar un último párrafo al artículo 4 constitucional para establecer la protección a recursos provenientes de programas sociales, para que no sean susceptibles de embargos, sin juicio previo.
En el marco del parlamento abierto virtual “Protección de los Recursos de los Programas Sociales”, Alavez Ruiz indicó que la protección de recursos de programas sociales, representa la nueva conquista social de la población para un Estado solidario y de bienestar, por lo que su resguardo debe quedar garantizado en la ley.
En un comunicado explicó que, por su naturaleza, esos recursos deben estar blindados y para el caso que deban ser utilizados para pagar deudas, se deberá respetar el artículo 4 de la Constitución.
“No se trata de dar una patente de inmunidad a los deudores y con ello evadir los pagos por deudas contraídas, sino evitar el indebido cobro de deudas pues nadie puede hacerse justicia por su propia mano”.
Debe brindarse la mayor protección posible y evitar el cobro de deudas sin el debido proceso, ya que ello “equivale a un embargo de bienes realizado por un particular sin intervención de las autoridades judiciales a las que legalmente se les ha conferido la labor de autorizar esa clase de acciones”.
La legisladora agregó que este proceder de las instituciones financieras respecto a los recursos provenientes de programas sociales, coloca a la persona vulnerable en un estado adicional de indefensión, pues se genera un daño económico que afecta su subsistencia y la de su núcleo familiar.
“Los recursos que se emplean para garantizar los derechos fundamentales de las personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes, así como aquellos apoyos para combatir la pobreza y la desigualdad social, deben contar con la protección constitucional, así como las garantías procesales que en ella se consignan”, sostuvo.
En su intervención, el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena), recordó que el espíritu de las reformas al artículo 4 no es la atención a los grupos vulnerables, sino el establecimiento de un derecho constitucional y, desde esta perspectiva, es importante regular su protección.
“Tenemos que revisar este esquema que prevé la Ley General de Derecho Social porque ya cambió la Constitución”.
El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena), sostuvo que los apoyos sociales deben ser dotados de las características de inembargabilidad de manera simple y llana.
“La característica de inembargabilidad debe ir inserta necesariamente en el texto constitucional como una característica fundamental de los apoyos sociales, sin dar posibilidad de que se pueda desviar de sus objetivos y desvirtuar sus finalidades, que esencialmente buscan brindar a la persona desprotegida el mínimo vital para que goce de una vida digna”, dijo.
Porfirio Muñoz Ledo diputado de Morena, consideró relevante impulsar a la banca pública para ser el único ente que disperse estos recursos conforme a un padrón universal.
El parlamento contó con la participación de Javier Medina Medina, director de Enlace Legislativo de Grupo Salinas, presidente de la Comisión de Comunicación y Enlace Legislativo de la Asociación de Bancos de México; y Edgar Caballero González, licenciado maestro y doctorante en Derecho por la UNAM.