Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre 2020.- “Desde el inicio de esta administración, trabajamos sin descanso para implementar mecanismos de participación ciudadana en toda área de gobierno y con todo tipo de instrumentos de combate a la corrupción”, señaló el titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem), Francisco Huergo Maurín, en el marco del Quinto Informe de Gobierno.
En ese tenor, dio a conocer que se difundió la contraloría social a ejecutores y beneficiarios de programas sociales por diferentes medios, para fomentar la rendición de cuentas y transparencia, mediante la entrega y explicación, de manera personal, de mil 422 trípticos.
“Quizás no lo sabías, pero en este quinto año del Gobierno que mandata Silvano Aureoles Conejo, durante el periodo del 1º de septiembre al 31 de diciembre de 2019, se concluyeron las acciones en materia de Contraloría Social con 25 Programas Federales de Desarrollo Social; mientras que, desde el mes de enero al 31 de agosto del presente año, se comprometieron acciones en materia de Contraloría Social con 20 programas de esta índole”, detalló.
Informó que se brindaron 271 capacitaciones a 6 mil 937 servidores públicos federales, estatales y municipales, encargados de la ejecución de programas de desarrollo social y beneficiarios de los mismos, para fomentar mecanismos preventivos con la participación ciudadana en materia de contraloría social.
Huergo Maurín subrayó que, para el Gobierno de Michoacán, la participación ciudadana en la vigilancia del correcto ejercicio de los recursos públicos es piedra angular en la conformación de un verdadero sistema democrático, ya que es una medida preventiva de control de los recursos públicos y una herramienta que permite a los beneficiarios vigilar la ejecución de los programas presupuestarios, principalmente de aquellos clasificados como de desarrollo social.
Por ende, la dependencia a su cargo realizó 34 asesorías a servidores públicos y beneficiarios de dichos programas, al tiempo que se participó en 13 reuniones para coordinar actividades de promoción de participación ciudadana, en función de acciones de contraloría social en programas federales y estatales.