El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 382 votos, reformas a la Ley General de Salud, a fin de que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, con la participación de las instituciones de educación superior, elaboren programas de carácter social para los profesionales de la salud que “garanticen su protección, seguridad e integridad personal”.
Las modificaciones al artículo 88 de dicho ordenamiento legal, se remitieron al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El dictamen señala que algunos profesionales de la salud tienen que desempeñar sus funciones en un entorno inseguro y deficiente en el cual su integridad se ve comprometida por diversas circunstancias como seguridad y falta de recursos en hospitales y centros de salud, con los cuales tienen que trabajar.
Por ello, se destaca la necesidad de generar acciones articuladas con el Gobierno Federal que permitan mitigar el peligro al cual se enfrentan dichos profesionales a lo largo del territorio nacional e implementar una mayor protección, así como velar por su seguridad e integridad.
Estima que implementar mecanismos jurídicos que garanticen la integridad física y psíquica, así como la integridad moral del personal profesional y académico del sector salud, permitirá generar que incrementen sus esfuerzos de manera más eficiente y ofrecer una mejor atención a las personas.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Olegaria Carrazco Macías (Morena) resaltó que los profesionales de la salud son una pieza clave para el país y gracias a su labor cotidiana es posible llevar salud a todo nuestro pueblo, especialmente en aquellos lugares donde sus condiciones geográficas e infraestructura complican el acceso de la especialidad en salud.
Refirió que en los últimos años han aumentado los ataques en contra del personal médico incluidos los prestadores de servicio social; por ello, la importancia de garantizarles protección.
Con esta reforma, dijo la legisladora, se reafirma el compromiso de nuestro país con los derechos humanos y el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos de carácter internacional que existen para permitir el mayor alcance de la protección de las personas y la generación de una mejor calidad de vida.
“La salud y la protección de los profesionales en la materia deben ser una prioridad para nosotros”, puntualizó.