Dr. Rogelio Díaz Ortiz
Es reiterativo escuchar de expertos y profanos que México es un “país de leyes”, aunque existen justificadas dudas de su entendimiento y en especial de su aplicación.
No son pocos quienes afirman que varias Leyes son obsoletas y que se encuentran descontextualizadas de la realidad.
Uno de los documentos más pronunciado es la Constitución, máxime cuando, en últimas fechas, se le han hecho reformas sustanciales a su contenido y se prevé que la transformación de la carta magna seguirá… seguirá… seguirá.
Quienes no nos dedicamos al estudio o la práctica del Derecho nos resulta importante recordar que la Constitución Política de un país es el documento en el que el Estado reconoce los derechos de todas y todos, las vías para hacerlos efectivos, la forma de organización y sus instituciones. Así mismo, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones.
Justicia, legalidad, inclusión, equidad, “restauración” del tejido social, corrupción e impunidad son términos que se encuentran de moda en el lenguaje cotidiano de ciudadanos, académicos, medios de comunicación y en especial entre los gobernantes y políticos.
Muchos no entienden, creen o aplican estos conceptos, pero si forman parte de su discurso y hasta de “reclamo” en tribuna.
Desde los “Sentimientos a la Nación” de Don José María Morelos y Pavón hasta la constitución promulgada en 1917, su espíritu ha sido el de proteger a las personas, sus bienes y a las instituciones.
Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el análisis cuidadoso de su interpretación y aplicación, haciendo de su fallo una sentencia inapelable.
La aplicación de las leyes debe partir del respeto a los derechos humanos de todos y todas, sin importar que piensan diferente, integren algún partido político, organización o sindicato.
Se debe hacer pensando siempre en privilegiar el bien colectivo, castigando con imparcialidad y justicia, sin titubeos ni excesos, sin que el delito se relacione con militancia alguna, ideología religiosa, preferencia o identidad sexual, grado académico u origen social.
En unos meses tendrá lugar, por vez primera, la elección de jueces, magistrados y ministros de una manera pública, en un ejercicio complejo, polémico, difícil y caro.
No ha dejado a todos satisfechos, el que el primer tamiz de los aspirantes se haya resuelto mediante una tómbola.
Son miles los aspirantes y cientos el numero de cargos que se elegirán para que juzguen, interpreten y ejerzan las leyes.
El desempeño de los nuevos “juzgadores” y también de los actuales, debe ser el resultado de un proceso de preparación y resultados más que de un decreto, teniendo absoluta claridad en que la Constitución es un elemento indispensable para salvo guardar la democracia, la justicia y la paz social.
Nuestra Carta Magna cumple 108 años, antaño era motivo de reconocimientos y homenajes, era referencia en otros puntos del planeta y motivación para su análisis.
Hoy la Constitución está siendo transformada en un documento que inquieta a algunos, no solo nacionales, propicia el debate, defensa o ataque a ultranza y expresa nuevas formas de pensar.
Son muchos los escenarios que se vislumbran en el futuro inmediato de nuestro país que requerirán de la correcta interpretación y aplicación de las leyes.
De ello dependerá seguridad, convivencia, estabilidad social y económica de todas y todos los mexicanos.
¡Hoy se reclaman respuestas y acciones!