Lic. Simón Baca Suárez
El 25 noviembre es considerado el día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134, en ella se invita a los Estados y países miembros a realizar actividades dirigidas a visibilizar y sensibilizar a la población respecto de las formas de violencia, así como las acciones tendientes a propiciar su erradicación a nivel global.
Esta resolución muestra la desventaja histórica y estructural que sufren las mujeres en nuestra sociedad, expone la necesidad de reflexionar nuestro papel como observadores externos, como posibles perpetradores de alguna de las violencias, incluso como posibles víctimas de la violencia.
Nuestro país es miembro de la comunidad de la Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos por lo cual forma parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer respectivamente, por tanto, se encuentra obligado para adoptar medidas, acciones y políticas que permitan la eliminación de las diversas formas de violencias que sufren las mujeres mexicanas.
La presente participación se aboca en clarificar el contexto en que pueden aplicarse acciones, políticas y estrategias gubernamentales para atender en proporción considerable las obligaciones del Estado a partir de la firma de los instrumentos internacionales, ya que las personas tenemos el derecho de exigir el cumplimiento de los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano tenga suscritos, especialmente aquellos en los que se obliga a propiciar el acceso a mejores condiciones de vida para las personas.
Los instrumentos internacionales establecen acciones que deben materializarse a través del personal institucional o de programas concretos, por ejemplo: condenar la violencias se materializa a través del discurso público honesto e informado, en la actividad legislativa puede ser el agravar las penas y en el judicial abatir el índice de impunidad; otra acción es proceder con debida diligencia con acciones efectivamente encaminadas a lograr el objetivo, ya sea para investigar las denuncias, imponer las sanciones o reparar los daños que alguna mujer haya denunciado, también se espera que las autoridades elaboren informes, diagnósticos y estudios para concientizar y sensibilizar a la población respecto de la magnitud del problema de las violencias, finalmente mencionamos -sin haber agotado en lo mínimo la lista de acciones- asignar presupuestos suficientes para la atención de las acciones en comento.
Los Estados a través de sus autoridades deben apoyar las acciones de las organizaciones de mujeres que mediante el activismo social contribuyen en visibilizar la problemática, además estas organizaciones también son fundamentales para la elaboración honesta y objetiva de informes periódicos que permitan el ejercicio de la auto evaluación en la materia, además los informes de la sociedad civil nutren y enriquecen las acciones y resultados del propio Estado.
Otro compromiso para las autoridades es la constante comunicación con los organismos internaciones que atienden la violencia contra la mujer, ya que permite la construcción, evaluación y desarrollo de estrategias con mayor grado de efectividad. En relación con ello, deben dar seguimiento a las conclusiones y resultados de la evaluación global realizada por los organismos internaciones especializados, ya que éstos contienen las áreas en que resulta necesaria una atención especial o reforzada en cada uno de los temas reportados.
La principal acción para considerar en esta fecha, tanto en el orden de las autoridades como de entes privados, consiste en abstenerse de realizar cualquier acto de violencia contra la mujer y sobre todo no emitir comentarios, juicios de valor, calificativos, ideas preconcebidas y en general erradicar prejuicios respecto de las denuncias presentados por las mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia.
Para el cumplimiento adecuado de las obligaciones para erradicar las violencias contra la mujer requerimos ejercicios de congruencia entre el pensar, decir y actuar, ya que si las personas no asimilan la razón y objeto de los mandatos, difícilmente se verán los resultados esperados. Por tanto, quienes encabezan instituciones deben dar ejemplo de acción y cumplimiento de tareas de supervisión.