Ciudad de México, 25 de septiembre de 2024.- El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a través de su director general, Adelfo Regino Montes, calificó como una “decisión histórica y un gran consenso de todas las fuerzas políticas del país” la aprobación de la minuta de reforma al artículo 2 de la Constitución sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Al asistir a la sesión del pleno del Senado de la República, el titular del INPI e integrantes de la Comisión Coordinadora del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI) recibieron con júbilo la aprobación de la reforma, y calificaron como un hecho inédito y un acto de justicia elemental para resarcir la deuda histórica con los pueblos del México profundo.
Sin distinguir partidos ni colores, las y los senadores votaron por unanimidad en lo general, y en lo particular con 128 votos, a favor la minuta de reforma sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanas, lo que representa un paso sin precedentes en la lucha de pueblos y comunidades.
Al presentar el dictamen, la senadora Ernestina Godoy Ramos destacó el amplio proceso de diálogo y consulta con pueblos y comunidades que se realizó en todas las regiones indígenas del país para la elaboración de la propuesta, y resaltó que la reforma en materia indígena posee gran legitimidad social y política.
Agregó que la reforma revierte la discriminación histórica que han sufrido los pueblos indígenas y afromexicanos del país: “Hoy tenemos la oportunidad histórica de reconstruir y refundar un México en el que quepamos todos, a partir de la grandeza cultural y la pluralidad de nuestra nación”.
Resaltó que la piedra angular de la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas es el reconocimiento como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
De esta manera, las comunidades podrán recibir presupuesto público, ejercerlo y cumplir obligaciones correlativas.
Otro aspecto relevante de la reforma, destacaron las y los senadores, es que contempla instituir el derecho de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para proteger los derechos, bienes y valores de las comunidades originarias “cuando se pretendan adoptar medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno”.
De igual forma, las personas legisladoras celebraron que, con la modificación constitucional, se debe brindar asistencia jurisdiccional idónea a las personas indígenas que lo requieran, a través de intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados.
Destacaron que la iniciativa significa un rompimiento con las políticas homogeneizadoras del neoliberalismo, lo cual es un paso crucial en el proceso de reconciliación nacional, para alcanzar el objetivo de que México sea una casa para todas y todos.