El Gobierno de México, a través de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Guardia Nacional, procuró la paz entre la población en el proceso electoral 2024, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
En total, detalló, se recibieron 645 peticiones de protección de candidatas y candidatos: 595 accedieron oportunamente al esquema de seguridad, mientras que 50 trámites fueron declinados por los propios solicitantes.
En apego a la ley y al convenio de seguridad establecido entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el gobierno federal, los servicios de seguridad en el ámbito federal estuvieron asignados a dos candidatas y un candidato a la Presidencia de la República. También se brindó protección a 11 aspirantes a gubernaturas estatales, a 44 para senadurías y 167 para diputaciones, precisó.
En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la SSPC añadió que la federación adicionalmente respondió 244 solicitudes de personas que buscaban alguna presidencia municipal; de igual forma, a 70 candidatos a diputaciones locales y a siete funcionarios relacionados con los comicios.
No se registró ningún homicidio de contendientes a puestos de elección federal ni a gubernaturas, como ocurrió en administraciones pasadas, señaló la secretaria. Resaltó que 121 candidatas y candidatos mantendrán el mecanismo de seguridad hasta que tomen posesión de sus cargos; los demás aspirantes renunciaron al mismo.
“El Gobierno de México tiene claro que la democracia es el método que debe prevalecer en la elección de candidatos, por eso seguimos trabajando para lograr la pacificación del país”, expresó.
En el proceso electoral 2024 participaron más de 70 mil candidatos y candidatas, las agresiones se centraron en aspirantes a presidencias municipales y suplentes a regidurías o sindicaturas. La secretaria dio a conocer que en este periodo se reportó el homicidio de 12 candidatos registrados oficialmente ante el INE o los institutos electorales locales. Al respecto, las fiscalías estatales están a cargo de las investigaciones con el propósito de asegurar la justicia en todos los casos.
En un recuento de eventos violentos en procesos electorales a lo largo de la historia reciente de México, la funcionaria puntualizó que 2018, último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, registró 20 homicidios de candidatos, de ellos, siete contendían por una presidencia municipal. Destacó el caso de Fernando Purón Johnston, aspirante a una diputación federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“En este tiempo hemos visto el interés de grupos opositores al régimen actual para generar alarma y la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente, pero esto no es así. Se trata de campañas que pretenden desprestigio al gobierno”, argumentó.
En 1988, a unos días de la elección en la que contendió por la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, del PRI, fueron asesinados Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heraldez, operadores estratégicos de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien competía por el Frente Democrático Nacional (FDN).
En ese entonces se gestaba un movimiento de izquierda en México, el cual fue visto como una amenaza para el viejo régimen en el sexenio de Salinas de Gortari. Como resultado, hubo una escalada de represión, que derivó en el asesinato de más de 600 dirigentes, militantes y simpatizantes de la oposición entre los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y de Ernesto Zedillo (1994-2000).
El 23 de marzo de 1994 asesinaron a Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de la República, y meses después al secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu.
En 2004, sexenio de Vicente Fox (2000-2006), ejecutaron a Guadalupe Ávila Salinas, candidata del PRD a la presidencia municipal de San José Estancia Grande, Oaxaca.
Durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), fue acribillado el 28 de junio de 2010 Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, quien en aquel momento se perfilaba como el aspirante con mayores posibilidades de ganar. En 2012 fueron ejecutados Édgar Morales Pérez, alcalde electo de Matehuala, San Luis Potosí, por el PRI, y Margarito Genchi Casiano, candidato a diputado local por el PRD.
En 2015, bajo el gobierno de Peña Nieto, fue asesinado Enrique Martínez Salcedo, candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán.