Las y los diputados del PRI presentaron una iniciativa para establecer en el artículo 4º de la Constitución Política que “todas las personas mayores de sesenta años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley”.
En la exposición de motivos destacan que actualmente la pensión que otorga el Gobierno Federal únicamente cuenta con un padrón de 10 millones 259 mil 861 derechohabientes, lo que significa que existen alrededor de cinco millones de mexicanas y mexicanos excluidos de los beneficios de la pensión, independientemente de su condición económica.
Señalan que las condiciones globales y nacionales han impulsado la creación de sistemas de pensiones no contributivas, financiados por el gasto corriente de la administración pública, a fin de atender a sectores de la población en desventaja.
Consideran crucial entender que México no es inmune al fenómeno demográfico global del envejecimiento de la población y aunque se le percibe como un país joven, está experimentando un aumento en su demografía de personas mayores.
Refieren que, de acuerdo con el Inegi, en México residen 15.1 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 12 por ciento de la población total, porcentaje que se ha incrementado a casi el doble en los últimos 30 años.
En la propuesta, remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación, indican que el primer antecedente local es la pensión alimentaria creada en 2001 por el gobierno del entonces Distrito Federal. En 2007 el Gobierno Federal institucionalizó a nivel federal el programa a través de la Pensión para Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales.
Desde entonces, el programa ha tenido diferentes modificaciones. No obstante, los datos han demostrado que la limitación para expandir los beneficios tenía que ver con el envejecimiento y mayor sobrevivencia en varias entidades.
Otro de los problemas centrales ha sido la precarización del mercado laboral y el alto índice de informalidad laboral, ante lo cual se ha buscado aplicar distintos criterios para ampliar este programa, sin que se tengan resultados certeros, agregan.
Subrayan que las recientes modificaciones para la implementación de este programa motivaron una reforma legislativa en la Constitución Política, que incorporó en el artículo 4º que las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos, a partir de los 65 años.
Puntualizan que dicha reforma no ha resuelto los problemas identificados por las evaluaciones técnicas del programa. El decreto únicamente contempla la adquisición de derechos, sin resolver la aplicación y operación de la pensión frente a choques económicos o la necesidad de ampliar la cobertura para personas que ya se encuentran en situación de precariedad desde edad más temprana.