Dr. Rogelio Díaz Ortiz
Uno de los pronunciamientos emblemáticos de la actual administración federal es el combate a la corrupción, por lo que de manera reiterada es tema en la conferencia “mañanera”, así como en los discursos emitidos por funcionarios y políticos del actual régimen de gobierno.
En todas las encuestas que se levantan en nuestro país, una de las mayores incomodidades que reclama la conciencia ciudadana, en lo general, es el incremento en los niveles de impunidad, inseguridad y corrupción.
De acuerdo al Índice de Percepción que presentó Transparencia Internacional, nuestro país no se ocupa con eficiencia en resolver este problema, es más nuestra nación ocupa lugares poco honrosos en esta materia en entidades como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
Diferentes organismos internacionales, así como organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado para presionar a las autoridades a emprender acciones que modifiquen esta vergonzosa situación.
Se exige respeto a la autonomía y la asignación de recursos económicos suficientes para la operatividad de organismos autónomos que vigilen y sancionen ejemplarmente todo acto de corrupción.
Resulta fundamental partir de un ejercicio permanente y auténtico de transparencia y rendición de cuentas, destacando que desde hace años en nuestro país existe un marco legal que obliga a las dependencias a informar, publicar y transparentar la información del gobierno, a fortalecer el acceso a la información pública y a la protección de los datos personales.
Lo anterior, se escucha muy bien en el discurso, pero en el escenario de los hechos sigue siendo solo un acto de “buenas intenciones” pero de escasos resultados.
Una inmensa mayoría de los ciudadanos no tienen interés alguno por hacer valer su derecho a la información, las entidades no están habituadas a proporcionarla y quienes lo hacen utilizan este derecho con fines ajenos a la transparencia, usando la plataforma como buzón de quejas, chismes e insultos.
Además, existen lastimosas evidencias de que se “ventilan” acciones de corrupción por parte de funcionarios y empleados del sector público y todo queda en una nota periodística ya que a los supuestos corruptos no se les castiga ni obliga a resarcir el daño causado, en la mayoría de los casos a los erarios federal, estatal o municipal.
El combate a la corrupción no puede seguir siendo solo discurso, aspiración o moda pasajera, presente como letra muerta en discursos oficiales y olvidado en las acciones.
Como ciudadanos no podemos cruzar los brazos y esperar que las cosas se resuelvan por un milagro, decreto o cambio de gobierno.
Ahora que se avecinan las campañas políticas seguramente será un tema presente en las promesas de campaña de todos los candidatos sin importar su filiación partidista.
Habrá de recordárseles a los candidatos que el combate a la corrupción siempre deberá ser en dos vías, instituciones sólidas y ejemplar comportamiento de la ciudadanía, ambas de vital importancia, en tanto una de los dos no asuma su responsabilidad, cualquier esfuerzo será en vano.
Es decir, se tiene que reconocer que para que haya corrupción suele requerirse al binomio corrupto – corruptor, sin importar si se trata de alterar una factura de compra, evitar una multa de tránsito, “acelerar” cualquier trámite burocrático o hacerse de la vista “gorda” con acciones propias o de los demás que a todas luces son irregulares.
Ejemplos hay muchos y todos los días, haciendo gala de lo que el abuso del poder público puede lograr en la obtención de beneficios particulares una ministra, integrante de la Suprema Corte de la Nación, fue acusada por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura, aún no nos “reponíamos” de la controversia causada, cuando de manera sorpresiva e inesperada un nuevo escándalo se ha provocado con la información periodística de un diario español en la que se afirma que la misma Ministro plagio también su tesis doctoral.
En todo este controversial suceso existe una larga cadena de corrupción que sirve como contundente ejemplo de que algunos siguen haciendo lo que quieren, sin importar si es correcto o no, si se encuentra prohibido e incluso si existe alguna sanción por su actuar.
Mientras exista impunidad no esperemos que los ciudadanos crean en las instituciones, la confianza se construye día con día con hechos y acciones, no con palabrería ni promesas.
Deberemos estar dispuestos a ser congruentes entre lo que “señalamos” en los demás y lo que hacemos, evitando ser parte del círculo perverso de la corrupción, no se puede exigir lo que no estamos dispuestos a realizar de manera personal.