Al participar en el conversatorio ‘Retos y perspectivas a diez años del Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias’, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, resaltó que el Estado mexicano reconoció la dimensión de la desaparición forzada como un paso fundamental para encarar y resolver el problema.
Durante décadas –dijo– el Estado pretendió minimizar y ocultar este gravísimo problema y es en gran medida la omisión lo que ha llevado a esta crisis humanitaria.
“Por eso, nosotros desde el primer día de gobierno asumimos el tema de desaparición como parte de la crisis humanitaria y de la violación de derechos humanos”, señaló al subrayar que la gran asignatura es el combate a la impunidad.
Sostuvo que en un país donde al día de hoy existen 98 mil 885 personas desparecidas o no localizadas, y que solo haya 35 sentencias por desaparición, da cuenta del enorme rezago que las autoridades encargadas de impartir y procurar justica tienen con las víctimas.
“Es un problema estructural que requiere de la acción consistente e integral del Estado que involucra a todos los órdenes de gobierno, a los tres poderes de la Unión, y que debe tomar en consideración la participación de los familiares de las víctimas, de los colectivos”, añadió.
Enfatizó que en estos tres años de gobierno se han dado pasos importantes, entre ellos, la conformación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y la integración de las 32 comisiones locales.
Asimismo, se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), se avanza en el Protocolo Homologado de Búsqueda, y se tiene una mesa de trabajo para atender la desaparición de personas migrantes.
También un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), y se han inyectado alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, de los cuales al menos 80 por ciento se canaliza a las comisiones locales para fortalecer las labores de búsqueda y el apoyo a familiares.
A días de que se presente el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas, ratificó que la federación está abierta al escrutinio internacional y asume la responsabilidad para cumplir con todas las recomendaciones que el éste emita y se reforzará la coordinación con los otros órdenes de gobierno, particularmente, en la impartición de justicia.