La Secretaría de Gobernación anunció que, por instrucción presidencial, se elaborará un proyecto de decreto en favor de la población privada de su libertad por delitos del fuero federal sin sentencia, torturada y adulta mayor en casos particulares.
Libertad para las personas que no hayan recibido sentencia después de 10 años, siempre y cuando no hayan cometido delitos graves y que no estén acusados por delitos de sangre; y para quienes se compruebe con el Protocolo de Estambul que sufrieron tortura.
Prisión domiciliaria para personas adultas mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves; mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas.
Durante conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que la población no sentenciada por delitos del fuero federal asciende a 12 mil 358 personas (13 por ciento del total de 94 mil 547 no sentenciadas en el país).
Para el caso de las personas con alguna enfermedad crónica se solicitará a la Secretaría de Salud realizar los diagnósticos correspondientes. Asimismo, se proyecta que el plazo de liberación no será mayor al 15 de septiembre próximo.
El presidente afirmó que, en esta administración, la Secretaría de Gobernación dejó de ser la secretaría de la represión y el autoritarismo, y ahora lo es para la protección de los derechos humanos y la justicia, y recordó el rechazo de este gobierno a toda práctica de tortura.
La secretaria Olga Sánchez Cordero detalló que de la población penitenciaria que existe actualmente (220 mil 114 personas), 43 por ciento no ha sido sentenciada.
“Esto, desde luego, tiene que ver con muchas razones, pero una de las principales es que no es posible que se tenga una dilación en la administración de justicia de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva”, expresó.
Desde el Salón de la Tesorería, la secretaria de Gobernación abundó que, con relación a la población penitenciaria que tenga más de 75 años, el planteamiento es que a través de este decreto se pueda solicitar al juez de ejecución que les conceda la excarcelación y seguir en prisión domiciliaria.
“Esto es muy importante porque ya incluso, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece con toda precisión que los mayores de 70 años pudieran obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.”
Por otra parte –añadió– “también nos ha instruido que los mayores de 65 años, también privados de su libertad, pudieran obtener este beneficio de la prisión domiciliaria si están en condiciones de vulnerabilidad, por enfermedad, si tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa pudieran también solicitar y estar en el supuesto de seguir en su casa, en su domicilio con la prisión domiciliaria y ser excarcelados”.
En cuanto a los casos en los que se alegue haber sufrido tortura, la secretaria Olga Sánchez Cordero refirió que el Protocolo de Estambul es muy seguro en sus conclusiones.
“El presidente también ha instruido que en este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura, y menos para la obtención de una confesión o dentro del mismísimo penal. En este sentido, vamos a caminar para presentarle al señor presidente el decreto de política carcelaria y de las solicitudes que, en su caso, el gobierno hará a los jueces de ejecución para el beneficio de la prisión domiciliaria.”
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció la ineficiencia en la impartición de justicia, no solo por burocracia, sino por muchos intereses cruzados.
“La autoridad no se apega a los propios protocolos que la ley establece para evitar delitos como el de la tortura y peor aún, en los casos donde se acredita, en ningún caso se castiga a los responsables. Por eso, como lo señala el señor presidente, si queremos erradicar la tortura como una práctica regular que durante muchos años existió en nuestro país, no se puede andar con medias tintas ni con duda”, dijo.
Agregó que cualquier persona, sea quien sea y haya sido objeto de esta práctica, debe ser puesta en libertad inmediata, y los torturadores deben ser castigados, ya que esta es una nueva política que se ha impulsado desde el inicio de este gobierno, y aunque hay problemas en algunas entidades y municipios, se va a erradicar.
Casos Vallarta, Quevedo y San Agustín
La secretaria de Gobernación precisó respecto al caso de Israel Vallarta, que se encuentra privado de su libertad desde 2005 por la probable comisión de diversos delitos, seguidos en dos causas penales ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, que tanto él como su defensa no han aceptado la estrategia planteada, consistente en promover un incidente de libertad por desvanecimiento de datos.
Enfatizó que el caso ha sido revisado en la Secretaría de Gobernación desde septiembre de 2019, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, en coordinación con Israel Vallarta, sus familiares y abogados. Se le han propuesto alternativas que pudiera hacer valer en el proceso judicial para agilizar la emisión de una sentencia.
La estrategia le beneficiaría para una de las causas penales acumuladas, de tal suerte que, si se le aplicara el precedente Cassez, es previsible que sea absuelto en dicho asunto. No así en la otra causa, que quedaría pendiente.
En lo que concierne al caso “N” Quevedo –que denunció haber sido víctima de tortura en dos ocasiones–, detenida en septiembre de 2009 por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, la secretaria de Gobernación recordó que el 2 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas notificó al Estado mexicano, la Opinión núm. 45/2020.
Indicó que, en estos casos, cuando la tortura y las violaciones a derechos humanos estén demostradas plenamente, como la prolongación innecesaria del proceso, los jueces tienen elementos para considerar como violaciones graves al debido proceso y darle el valor probatorio y la incidencia que tienen en éste. En ese sentido, la Secretaría de Gobernación continuará con el seguimiento del caso.
En cuanto al caso de “N” San Agustín, detenida en la alcaldía de Milpa Alta y originaria de Hidalgo, desde 2013 tiene una sentencia de 65 años, vinculada con el delito de secuestro.
En 2018, la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ordenó la reposición de su proceso y autorizó la aplicación del Protocolo de Estambul que resultó positivo, por lo que aseguró el subsecretario Alejandro Encinas se está en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina para resolver el problema burocrático que la mantiene en reclusión.