La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros presidió esta mañana la IV Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con un llamado a los gobiernos de la región a caminar hacia el retorno de lo público, alejándose de las perspectivas que los llevaron al gerencialismo, la deuda y la privatización.
Acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, manifestó que “la consecuencia más severa de la corrupción es la captura del Estado a manos de poderes fácticos, y los problemas más graves que genera muchas veces no emergen del Estado, sino fuera de él, como resultado de la privatización de los asuntos públicos”, por lo que “debemos construir sociedades con mayor bienestar, con ciudadanías más participativas, con democracias más incluyentes, todas ellas orientadas a la justicia”.
Expuso que “en el diagnóstico realizado por el Gobierno de México, la corrupción no puede seguir siendo vista como un asunto cultural o estrictamente como una cuestión burocrática administrativa; sino como un fenómeno institucional y político que requiere de soluciones estructurales”.
En reunión virtual desde la sede de la Cancillería, donde también estuvo acompañada por el subsecretario para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, destacó que, en el contexto latinoamericano, el Gobierno de México tiene como tarea principal terminar con la corrupción con acciones que compartió con representantes de 24 Estados de la región.
Ante ellos, la secretaria Sandoval Ballesteros expuso los avances que el Gobierno de México ha logrado con su política anticorrupción, que, expuso, tiene un amplio potencial para ser replicada a nivel regional, debido a los buenos resultados que ha conseguido y que se han traducido en una importante recuperación de la confianza ciudadana.
Puso como ejemplo el salto histórico de alrededor de 40 puntos porcentuales que reportó el Barómetro Global de la Corrupción en la confianza de la ciudadanía hacia la política contra la corrupción, consistente en acciones y programas que en nuestro país ya están en marcha y que la CELAC recoge entre sus preocupaciones.
Detalló resultados de acciones de México, a través de la Función Pública, como los programas en materia de estrategias anticorrupción incluyentes y con perspectiva de género; el impulso de una legislación para proteger a denunciantes de la corrupción, y el empuje de la ética como eje fundamental en el servicio público.
Mencionó también las nuevas herramientas legales para prevenir el enriquecimiento de funcionarios, la prevención y manejo de conflictos de intereses y la adopción de políticas y programas de integridad en el sector privado, así como el reforzamiento de la fiscalización de los recursos públicos con una creciente participación ciudadana.
La secretaria Sandoval Ballesteros hizo énfasis en que los países latinoamericanos tienen lo necesario para convertir esta región en un referente para el mundo entero y construir un modelo económico con perspectiva de derechos humanos, libertades y bienestar común.
“Nuestras raíces indígenas, como nuestros mestizajes con africanos y europeos, nos deben impulsar a conformar un gran bloque de unidad para generar crecimiento en nuestras naciones y construir un modelo económico con perspectiva de derechos humanos, libertades y bienestar común”, aseveró.
Llamó a que junto con el retorno a lo público, América Latina una voluntades para encarar en forma conjunta el abuso de poder y todo lo que representan como freno al desarrollo de los pueblos latinoamericanos, y refirió que la corrupción es un cáncer que afecta a la región y le arrebata las oportunidades de un desarrollo equitativo, generando pobreza, erosión de la democracia y desconfianza hacia las instituciones.
Por ello, propuso a los representantes de las naciones latinoamericanas y del Caribe impulsar a la CELAC como un espacio de diálogo para entender las raíces y aristas de la corrupción para definir acciones concretas, sumar esfuerzos y multiplicar resultados en la construcción de una región más íntegra.
En la reunión participaron ministras, ministros y altas autoridades anticorrupción de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.